Comunicado urgente sobre la condena política a Laura Villalba

Este jueves un Tribunal de Sentencia condenó a Laura Villalba, en primera instancia, a 25 años de prisión más 6 de “medidas de seguridad”, casi idéntica pena a la solicitada por los Fiscales Federico Delfino y Lorenzo Lezcano en sus alegatos finales.

Durante una hostil audiencia, de la que Laura Villalba participó de forma telemática desde su lugar de reclusión, el Tribunal integrado por María Luz Martinez, Dina Marchuk y Federico Rojas terminó de legitimar uno de los más grotescos montajes fiscales del siglo.

Laura Villalba, compatriota migrante con residencia permanente en Argentina, vivía y trabajaba en la provincia de Misiones. En diciembre de 2019 ingresó de manera legal por el paso fronterizo de Encarnacion, acompañando a niñas y adolescentes que buscaban encontrarse con sus familiares integrantes del EPP.

En septiembre de 2020 se desató el terror. La FTC dirigidas por Mario Abdo Benitez torturó y ejecutó a las niñas Lilian Mariana y María Carmen, ambas de 11 años, e intentó presentarlas como “guerrilleras” abatidas en combate. Numerosas organizaciones nacionales y organismos internacionales denunciamos desde entonces aquel crimen terrorista cometido por el Estado paraguayo. Actualmente se tramitan procesos legales en el sistema internacional de DDHH contra el Estado por estos crímenes.

En el contexto de ese y otros operativos que se sucedieron en Amambay y Concepción hacia finales de 2020, Laura y otras niñas y adolescentes sobrevivientes de la masacre infanticida, buscaban una salida y resguardo, algunas de ellas heridas y en duras condiciones. Laura Villalba fue la última persona en ver con vida a Carmen Elizabeth “Lichita” Oviedo Villalba, el 30 de noviembre de 2020.

Buscando Lichita y una salida al cerco criminal de las terroristas FTC, Laura es detenida el 23 de diciembre de ese año. La FTC y el Ministerio Público pusieron en marcha el habitual esquema de montajes, para incriminar y acusar a Laura, anulándola de esta manera como testigo clave de la masacre infanticida de 2 de septiembre de 2020 y de la desaparición forzada de Lichita.

Durante estos largos años ha soportado durísimas condiciones de prisión, primero en el Penal Militar de Viñas Kue, luego en Itapúa y actualmente en Misiones. Apremios psicológicos, aislamientos prolongados y diversos tratos crueles, inhumanos y degradantes cometidos contra Laura, han sido denunciados por sus abogados y las organizaciones integrantes de la Campaña Internacional Eran Niñas.

El proceso judicial está viciado de nulidad absoluta. La defensa técnica de Laura fue impedida de introducir elementos probatorios en favor de Laura, mientras los magistrados avalaban todo tipo de falsos y contradictorios testimonios, alegatos políticos, afirmaciones sin sustento probatorio y demás irregularidades cometidas por el Ministerio Público. En numerosas ocasiones la defensa recusó a los magistrados que demostraron una parcialidad manifiesta, pero la complicidad judicial sobrepasa instancias, y los mismos fueron confirmados en todos los casos.

Federico Delfino es precisamente el mismo agente del Ministerio Público que encabezó el operativo Terrorista de secuestro, tortura y ejecución de las niñas Villalba, entre otros tristemente célebres operativos contra la población campesina de los militarizados departamentos del norte de la región oriental.

La condena por “Terrorismo” y “Asociación Criminal” contra Laura es otra evidencia de la necesidad del Estado paraguayo de ocultar y silenciar toda evidencia y testimonio de sus crímenes terroristas durante los operativos del 2020 en Amambay. Lejos de investigar e imputar a los agentes involucrados en la ejecución de las niñas de 11 años y la desaparición forzada de Lichita, busca culpabilizar a las madres de las niñas ejecutadas y desaparecidas, Myriam, Laura y Carmen Villalba, persiguiéndolas, condenándolas y prolongando de manera ilegal una condena compurgada, en el caso de Carmen.

Todas las personas y organizaciones con un mínimo de humanidad y honestidad, de coherencia y apego a las reglas de juego de la democracia burguesa, deberían como mínimo pronunciarse repudiando los crímenes terroristas del Estado paraguayo y la abolición absoluta del derecho a la defensa, la presunción de inocencia, el principio de legalidad y el debido proceso. Nuevamente han hecho añicos sus propias reglas de juego para condenar a una persona inocente, a una sobreviviente del Terrorismo de Estado paraguayo.

A las organizaciones populares, los partidos democráticos y progresistas, a las organizaciones feministas y de defensa de los DDHH y los derechos de las infancias, a los partidos comunistas y de izquierda, nos toca reflexionar profundamente sobre las razones que nos impiden organizar un masivo y contundente repudio al Terrorismo de Estado y la criminalización de toda forma de disidencia social y política, más allá de las eventuales diferencias que puedan cruzar a nuestras organizaciones.

El próximo 2 de septiembre se cumplen 4 años del infanticidio de las niñas. El 30 de noviembre, 4 años de la desaparición forzada de Lichita. El 26 de julio pasado se cumplieron 3 años del compurgamiento total de todas las condenas que pesaban contra Carmen Villalba, pero aún sigue presa. Hoy condenaron a Laura Villaba sin una sola prueba. Suman y siguen las causas armadas contra estudiantes, jóvenes militantes de partidos de oposición, campesinos, militantes populares en general.

Es tiempo de avanzar sobre una agenda de lucha contra el terrorismo de Estado y la criminalización de la disidencia política.

Partido Comunista Paraguayo,
1 de agosto de 2024