«Cárcel y garrote. ¿Esa es la solución?»

El Congreso paraguayo discute estos días el aumento de la pena de cárcel a adolescentes condenados por delitos graves, como asesinato. El proyecto de ley ya fue aprobado por el Senado y la tendencia es que siga el mismo camino en la Cámara de Diputados. Sin duda, es un complejo debate que se da en el marco de una sociedad que se encuentra en estado de shock por el asesinato de María Fernanda, una adolescente de 17 años, en la ciudad de Coronel Oviedo. El asesino sería otro adolescente de su misma edad. No podemos dejar de denunciar la hipocresía del sistema capitalista en el que vivimos. El Estado, dirigido por patronales explotadoras, propone como primera medida aumentar la pena privativa de libertad, cómo salida rápida a un problema del cuál no se hará cargo jamás.

Ser jóven en Paraguay es vivir en constante peligro desde que se constituyó este Estado. Una sociedad adultocéntrica que desde los tiempos de los yerbales de los que ya hablaba Rafael Barrett colocaba sobre los hombros de la juventud cargas de trabajo excesivas en regímenes esclavizantes. En el siglo XX no fue diferente ¿cómo podemos hablar de una sociedad que cuida a sus jóvenes, cuando la violación estaba en boga en el Stronismo? niñas y jóvenes vivían en cautiverio, morían de inanición, de sobredosis, de enfermedades, Stroessner violaba a cuatro niñas por mes, y una buena parte de la sociedad lo sabía. ¿Qué respuesta esperamos entonces de este Estado que hasta el día de hoy es cómplice del abuso de miles de niñas, niños y adolescentes en el seno de “la familia”, ese lugar “seguro” que hoy goza del resguardo de impostores cómo Lizarella, “Nenecho” o Bachi Nuñez? Según el Ministerio Público, sólo en el año 2024 se registraron 18.876 casos de denuncia de violencia familiar, 7 casos de feminicidio en lo que va del año y de enero a mayo de 2025 ya se registraron 1.305 hechos de abuso sexual en niños. 

Ser joven nacido en la clase obrera también significa tener pocas alternativas para sobrevivir y una de las opciones sigue siendo ser policía, maestra o militar. Según Serpaj 147 niños, adolescentes y jóvenes, habrían muerto en el Servicio Militar Obligatorio entre 1989 y el 2012.  Las causas de muertes serían disparos accidentales, asesinatos por discusiones, muertes en medio de trabajos forzados o por la tortura de los castigos de los superiores. Estos jóvenes se encontraban al cuidado del Estado. 

Estas situaciones demuestran que Paraguay es uno de los países más peligrosos para niñas, niños y adolescentes, una sociedad que todavía legitima el criadazgo, con una cultura de abuso sexual infantil con más de 30 mil denuncias en una década. Un Estado responsable de la desaparición de niñas como el caso de Lichita o la ejecución de Lilian Mariana y María Carmen Villalba, que todavía se niega a educar sexualmente a las infancias y adolescencias, y que encima pone la carga de “ser el peligro” sobre la propia juventud, ahora aumentando la pena privativa de libertad. 

Es importante mencionar que este contexto de precariedad que atraviesan las infancias y juventudes en la sociedad capitalista, es un hervidero para el auge de la violencia y los problemas de salud mental. En los últimos años, se incrementaron ataques y violencias, incluso sexuales, entre estudiantes de instituciones educativas. Incluso se registraron amenazas de atentados. Esto es un problema que debe estudiarse con seriedad y profundidad, pero el Ministerio de Educación, observando los hechos aislados, en su momento su única propuesta fue obligar a estudiantes a usar mochilas transparentes para asegurarse de que no ingresen armas, demostrando que no existe intención de elaborar propuestas que aborden los problemas de raíz.

De la misma manera, el  Estado putrefacto no hace un profundo análisis de cómo es que se llegó a que un adolescente sea el responsable de la muerte de Fernanda. El Congreso actúa como se espera que haga, proponiendo medidas más punitivas, que ni siquiera están acompañadas de una propuesta alternativa para analizar lo que pasa en la sociedad. Estas propuestas subestiman la sed de justicia de la clase trabajadora, que no estará satisfecha solamente con medidas superficiales y punitivistas en casos aislados,  sino cuando cesen de una vez por todas estos casos de violencia. El Estado, no sólo es cómplice en estos casos, y no es por una incapacidad en resolverlos, sino porque resolver esto, no es su prioridad. Sus mismos administradores, como el caso del ex viceministro de Educación Superior, Federico Mora, son señalados en forma directa en situaciones de presunta violencia contra las infancias.

Cómo clase, no podemos permitir que nos impongan más cárcel y una justicia miserable, que después sólo será aplicada a quienes viven en barrios populares. La única esperanza para que esto cambie es que la clase trabajadora se organice para luchar, poniendo en primer lugar el resguardo de sus niñas, niños y adolescentes. Salir a luchar, no para castigar a jóvenes que después saldrán de las tumbas de vivos que son las cárceles a continuar cometiendo crímenes.

Se hará justicia solamente cuando destruyamos este Estado.

Juventud Comunista Paraguaya

20 de junio de 2025